En Villa Tapia, durante uno de los encuentros de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, la comunidad planteó una preocupación concreta, cotidiana y profundamente humana: el voltaje eléctrico era inestable, los electrodomésticos se dañaban y muchos pequeños negocios sufrían pérdidas constantes. Para una familia humilde, un “bajón” eléctrico no es una simple molestia técnica; puede significar perder una nevera, dañar alimentos, interrumpir un tratamiento, afectar un colmado o comprometer el esfuerzo acumulado durante meses. Allí se entendió, con claridad, que la dignidad también se mide en estabilidad.
La situación fue registrada en el Sistema M158 como una afectación al derecho a la seguridad humana, a la dignidad y al acceso efectivo a servicios públicos eficientes. De acuerdo con la matriz de incidencia de la Ruta de los Diálogos, esta acción tuvo un impacto directo estimado de 2,200 personas, un impacto indirecto aproximado de 5,000 ciudadanos y un alcance total cercano a 7,200 personas. No se trataba, por tanto, de una queja aislada, sino de una dificultad que afectaba la vida familiar, la actividad económica local y la confianza de la comunidad en la capacidad del Estado para responder.
A partir de esa escucha, se coordinó la gestión correspondiente con la empresa distribuidora de electricidad, la gobernación provincial y el ayuntamiento. Se sustituyeron transformadores deteriorados, se instalaron nuevas unidades y se reguló la carga eléctrica para estabilizar el voltaje. Semanas después, la comunidad confirmó el cambio: los electrodomésticos dejaron de dañarse, los comercios recuperaron estabilidad y las familias pudieron vivir con mayor tranquilidad. Donde antes había incertidumbre, comenzó a sentirse una respuesta concreta.
Esta acción demuestra que los servicios públicos no son asuntos menores ni simples procedimientos administrativos. El artículo 147 de la Constitución Dominicana establece que los servicios públicos deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad y razonabilidad; y el artículo 59 reconoce el derecho a la vivienda digna con servicios básicos esenciales. Cuando el servicio eléctrico se estabiliza, no solo mejora una red: se protege el hogar, se fortalece la economía familiar y se devuelve confianza a la comunidad.
Villa Tapia nos recuerda que el Estado se legitima cuando resuelve lo que la gente vive. Un transformador funcionando, una nevera que no se quema, un colmado que puede operar y una familia que duerme sin miedo a perder lo poco que tiene son expresiones concretas del bien común. Porque cuando la comunidad habla y el Estado responde, la dignidad deja de ser una promesa abstracta y se convierte en experiencia cotidiana.
Eso es el Estado que Funciona.
