Un camino puede parecer una obra menor cuando se observa desde una oficina. Pero para una madre que necesita llevar a su hijo al hospital, un estudiante que debe llegar a la escuela o un productor que intenta transportar su cosecha, ese camino puede representar la diferencia entre tener oportunidades o permanecer aislado.
En San José de las Matas, durante nuestro recorrido por los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, encontramos una realidad que resume uno de los desafíos del desarrollo territorial dominicano: la distancia entre los servicios que el Estado ofrece y las condiciones reales que tienen las personas para acceder a ellos. Los comunitarios nos plantearon el deterioro de un camino vecinal principal, prácticamente intransitable, que afectaba a unas 1,800 personas según el registro de esta acción en el Sistema M158. Detrás de esa cifra había familias, estudiantes, trabajadores y productores con dificultades para desplazarse.
Mientras escuchaba sus preocupaciones, pensaba en algo que he confirmado a lo largo del recorrido: los derechos también dependen de las condiciones materiales que permiten ejercerlos. Podemos reconocer el derecho a la educación, pero si un estudiante no puede llegar a su escuela, ese derecho encuentra una barrera. Podemos garantizar el acceso a la salud, pero si una ambulancia no puede transitar por una vía deteriorada, la protección efectiva queda comprometida. Y podemos hablar de productividad y desarrollo rural, pero si transportar una cosecha implica más costos, retrasos y pérdidas, estamos poniendo obstáculos a quienes sostienen una parte importante de nuestra economía.
Registramos la situación en el Sistema M158 y se promovieron las gestiones correspondientes para atender los tramos críticos de la vía. Semanas después, la comunidad reportó que el camino había recuperado condiciones más seguras para vehículos y estudiantes.
El Defensor del Pueblo no construye carreteras ni sustituye a las instituciones responsables de la infraestructura vial. Nuestra responsabilidad es contribuir a la protección de los derechos fundamentales, promover la actuación de las autoridades competentes y dar seguimiento a sus respuestas. No se trata de atribuirnos obras que corresponden a otros, sino de demostrar que la coordinación, el seguimiento y la participación comunitaria mejoran la capacidad de respuesta del Estado.

La Constitución dominicana establece, en su artículo 147, que los servicios públicos deben responder a criterios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad y razonabilidad. Aunque este mandato no convierte automáticamente cada camino vecinal en un servicio público autónomo, sí orienta las responsabilidades de las instituciones en materia de accesibilidad y calidad. A él se suman el artículo 63, sobre el derecho a la educación; el 61, sobre el derecho a la salud; y el 39, que reconoce la igualdad ante la ley.
Un camino deteriorado no afecta a todos de la misma manera. Quien dispone de un vehículo adecuado supera ciertas dificultades; una familia de escasos recursos, una persona con discapacidad, un adulto mayor o un estudiante que depende del transporte colectivo enfrenta barreras mucho mayores. Hay ciudadanos con los mismos derechos ante la Constitución que encuentran condiciones territoriales muy distintas para ejercerlos. La igualdad jurídica necesita condiciones materiales que la conviertan en oportunidades reales.
En un territorio como San José de las Matas, de zona montañosa, comunidades rurales y vocación agrícola, ganadera, forestal y de servicios, los caminos vecinales son infraestructura estratégica. No hablamos solo de movilidad, sino de productividad. Cuando una vía rural se deteriora, aumentan los tiempos de desplazamiento, los costos de transporte y las pérdidas de productos perecederos, con efecto directo sobre los ingresos de las familias. Un país puede tener modernas autopistas y, al mismo tiempo, caminos rurales que limitan a sus productores. La integración territorial exige atender ambas realidades.
Y aquí está la lección más importante de esta acción: un camino no debería llegar a estar intransitable para que el Estado reaccione. Con frecuencia se actúa cuando el deterioro ya es crítico, un modelo costoso para el Estado y para la ciudadanía. El mantenimiento preventivo —identificar daños temprano, limpiar drenajes, conservar superficies, corregir puntos vulnerables— suele ser más eficiente que reconstruir lo severamente deteriorado.
Propongo por eso un modelo territorial de mantenimiento preventivo y conectividad comunitaria, articulado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, con cuatro componentes: un inventario actualizado de caminos vecinales; criterios transparentes de prioridad, que consideren la población beneficiada, el acceso a escuelas y centros de salud, la actividad productiva, las condiciones de riesgo y las rutas alternativas; responsables, plazos e indicadores definidos; y una evaluación que mida no solo los kilómetros reparados, sino mejoras verificables en movilidad, seguridad y acceso a oportunidades.

La Constitución dominicana establece, en su artículo 147, que los servicios públicos deben responder a criterios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad y razonabilidad. Aunque este mandato no convierte automáticamente cada camino vecinal en un servicio público autónomo, sí orienta las responsabilidades de las instituciones en materia de accesibilidad y calidad. A él se suman el artículo 63, sobre el derecho a la educación; el 61, sobre el derecho a la salud; y el 39, que reconoce la igualdad ante la ley.
Un camino deteriorado no afecta a todos de la misma manera. Quien dispone de un vehículo adecuado supera ciertas dificultades; una familia de escasos recursos, una persona con discapacidad, un adulto mayor o un estudiante que depende del transporte colectivo enfrenta barreras mucho mayores. Hay ciudadanos con los mismos derechos ante la Constitución que encuentran condiciones territoriales muy distintas para ejercerlos. La igualdad jurídica necesita condiciones materiales que la conviertan en oportunidades reales.
En un territorio como San José de las Matas, de zona montañosa, comunidades rurales y vocación agrícola, ganadera, forestal y de servicios, los caminos vecinales son infraestructura estratégica. No hablamos solo de movilidad, sino de productividad. Cuando una vía rural se deteriora, aumentan los tiempos de desplazamiento, los costos de transporte y las pérdidas de productos perecederos, con efecto directo sobre los ingresos de las familias. Un país puede tener modernas autopistas y, al mismo tiempo, caminos rurales que limitan a sus productores. La integración territorial exige atender ambas realidades.
Y aquí está la lección más importante de esta acción: un camino no debería llegar a estar intransitable para que el Estado reaccione. Con frecuencia se actúa cuando el deterioro ya es crítico, un modelo costoso para el Estado y para la ciudadanía. El mantenimiento preventivo —identificar daños temprano, limpiar drenajes, conservar superficies, corregir puntos vulnerables— suele ser más eficiente que reconstruir lo severamente deteriorado.
Propongo por eso un modelo territorial de mantenimiento preventivo y conectividad comunitaria, articulado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, con cuatro componentes: un inventario actualizado de caminos vecinales; criterios transparentes de prioridad, que consideren la población beneficiada, el acceso a escuelas y centros de salud, la actividad productiva, las condiciones de riesgo y las rutas alternativas; responsables, plazos e indicadores definidos; y una evaluación que mida no solo los kilómetros reparados, sino mejoras verificables en movilidad, seguridad y acceso a oportunidades.







