En San Francisco de Macorís, durante un Diálogo en tu Comunidad por el Bien Común, una preocupación se repitió con insistencia entre maestros, familias y estudiantes: el desayuno y el almuerzo escolar estaban llegando de manera irregular a varios centros educativos. Hubo semanas en las que los estudiantes no recibían su ración completa y, en algunos casos, la entrega se interrumpía sin explicación. Lo que para algunos podría parecer un problema logístico menor, para cientos de niños representaba una realidad mucho más profunda: asistir a la escuela sin la seguridad de recibir su principal comida del día.
En ese municipio, alrededor de 620 estudiantes dependían directamente del programa de alimentación escolar, mientras que el impacto indirecto alcanzaba a casi 1,900 personas, entre familiares, docentes y miembros de la comunidad educativa. En total, más de 2,500 ciudadanos estaban siendo afectados por una situación que comprometía no solo la nutrición de los estudiantes, sino también su capacidad de aprendizaje.
La Constitución dominicana establece en su Artículo 63 que toda persona tiene derecho a una educación integral y de calidad, mientras que el Artículo 57 reconoce la protección especial que el Estado debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes. Cuando la alimentación escolar falla, no se trata únicamente de un problema administrativo: se pone en riesgo una condición básica para que el derecho a la educación pueda ejercerse plenamente.
La situación fue registrada en el Sistema M158, dentro de la Ruta de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, como una posible vulneración de estos derechos fundamentales. A partir de ese registro se inició la gestión correspondiente con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el distrito educativo y las autoridades del centro escolar. El proceso incluyó la revisión del contrato de suplidores, la normalización del proceso de entrega de alimentos y el establecimiento de mecanismos de monitoreo para evitar nuevas interrupciones.
Semanas después, la comunidad educativa confirmó la mejora. Los estudiantes comenzaron a recibir su desayuno y su almuerzo de manera regular. Los docentes reportaron una mayor asistencia en las aulas y las familias compartieron que los niños regresaban a casa con más energía y tranquilidad. Lo que cambió no fue únicamente la logística de distribución; cambió la experiencia cotidiana de cientos de estudiantes que volvieron a encontrar en la escuela un espacio de cuidado, aprendizaje y estabilidad.
Educar no es solo transmitir conocimientos. Educar también significa garantizar las condiciones materiales que permiten aprender. Cuando un niño recibe su alimento en la escuela, no solo se fortalece su salud; se fortalece su capacidad de concentrarse, de participar y de construir su futuro.
Cuando la comunidad identifica un problema, las instituciones actúan y los derechos se protegen, el Estado deja de ser una promesa abstracta y se convierte en una realidad concreta en la vida de las personas.
Eso es lo que significa que el Estado funcione para la gente.
