En el municipio de San Francisco de Macorís, durante los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común (M158), emergió una señal que ningún Estado que aspire a ser justo puede ignorar: el desayuno y el almuerzo escolar estaban llegando de manera irregular. Había semanas en las que los estudiantes no recibían su comida. Para muchos de esos niños, esa ración no es un complemento; es, en la práctica, su principal fuente de alimentación diaria. Y cuando la comida falla, no solo se interrumpe una logística: se debilita el aprendizaje, se tensiona el hogar y se compromete el futuro.
El impacto era concreto y verificable. Esta situación afectaba directamente a unos 620 estudiantes y, de forma indirecta, a más de 1,900 ciudadanos, para un total aproximado de 2,520 dominicanos cuya estabilidad educativa, nutricional y familiar se encontraba en riesgo. No se trata de cifras aisladas; se trata de personas cuya posibilidad de aprender dependía de algo tan esencial como un plato de comida servido a tiempo.
Conviene decirlo con claridad, desde la evidencia y la experiencia comparada: no hay sistema educativo eficaz sin garantía de alimentación escolar. Diversos estudios internacionales —incluyendo los del Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial— han demostrado que la nutrición adecuada en edad escolar mejora la asistencia, el rendimiento académico y la permanencia en el sistema educativo. Dicho de otra manera: alimentar bien a los estudiantes no es un gasto social, es una inversión estratégica en capital humano.
La Constitución Dominicana, en sus Artículos 63 y 57, establece el derecho a la educación y la protección integral de la niñez. Este mandato no se agota en abrir aulas o diseñar currículos; exige condiciones reales para que el aprendizaje ocurra. Un niño con hambre no solo pierde concentración; pierde la posibilidad de imaginar su propio futuro. Por eso, un sistema educativo no comienza en el aula: comienza en la capacidad del Estado de garantizar que cada estudiante llegue alimentado a aprender.
La situación fue registrada en el Sistema M158 como una alerta prioritaria, y a partir de ahí se activó una respuesta institucional coordinada con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), el distrito escolar y las autoridades del centro educativo. Se revisaron contratos de suplidores, se corrigieron fallas en la cadena de distribución y se estableció un sistema de monitoreo continuo para evitar nuevas interrupciones. No fue una entrega más; fue la corrección de una falla que, por demasiado tiempo, había comenzado a normalizarse.
Aquí radica una diferencia fundamental: un Estado que funciona no se limita a ejecutar; verifica, corrige y garantiza continuidad. La política pública no se mide por su diseño, sino por su capacidad de llegar a tiempo y sostenerse en el territorio.
Semanas después, los resultados comenzaron a evidenciarse de manera tangible y verificable. Los estudiantes recibían sus alimentos de forma regular, los docentes reportaron mayor asistencia y mejor disposición en el aula, y las familias confirmaron un cambio visible: sus hijos volvían a casa con más energía, más ánimo y mayor capacidad de concentración. La mejora no fue declarada; fue confirmada por la propia comunidad educativa.
Pero hay una dimensión más profunda, que conecta con nuestra identidad como nación. En la cultura dominicana, la alimentación está ligada al cuidado, a la familia y a la dignidad. Un plato de comida no es solo nutrición: es protección, es estabilidad, es una forma concreta de decirle a un niño que importa. Por eso, garantizar la alimentación escolar no es asistencialismo; es responsabilidad constitucional, decisión inteligente y afirmación de nuestros valores como sociedad.
Desde la perspectiva de la economía política, este tipo de intervención tiene efectos multiplicadores claros: mejora el rendimiento educativo, reduce la deserción, fortalece el capital humano y, en el mediano plazo, impacta la productividad nacional. Es una política social que, cuando se ejecuta correctamente, se convierte en política económica de alto retorno.
Este caso demuestra que la defensa de los derechos fundamentales no es abstracta ni retórica. Es concreta, territorial y verificable. Y confirma una verdad que el país debe asumir sin ambigüedades: no hay desarrollo posible si nuestros niños no están bien alimentados mientras aprenden.
Eso es lo que significa, en la práctica, “El Estado que Funciona por el Bien Común”: un Estado que escucha incluso lo que parece pequeño, que corrige lo que no está funcionando y que garantiza lo esencial para que el futuro sea posible.
Porque cuando un niño recibe su alimento en la escuela, no solo se llena un plato: se protege su capacidad de aprender, se forma un ciudadano con mayores oportunidades, se fortalece la tranquilidad de su familia y se construye, con hechos concretos y no con promesas, la República Dominicana que merecemos.
