La Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología penaliza el acceso ilícito a sistemas electrónicos, informático, telemático y de telecomunicaciones y establece prisión de hasta tres años y multas de dos a 400 salarios mínimos por la supresión o modificación de datos o la revelación y difusión indebidamente de carácter confidencial.
El presidente Luis Abinader afirmó ayer que los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) culpables de borrar la data de un teléfono celular del Listín Diario serán investigadas y si corresponde procesados, porque ese tipo de actos tiene consecuencias en su gobierno.
El incidente con el Defensor del Pueblo y su personal en el Canódromo podría ser el inicio del fin de las malas prácticas en ese lugar, si es que así lo quieren las autoridades.
El periódico Listín Diario denunció este miércoles que miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) borraron los vídeos y fotografías del teléfono celular asignado a un periodista de ese medio, con el que se captaron las agresiones de los agentes de tránsito contra los periodistas y el defensor del Pueblo, en el Centro de Retención Vehicular o Canódromo “El Coco”.
La coronela Isabelita de los Santos Pérez, quien hasta este lunes fungía como encargada del Centro de Retención Vehicular o Canódromo “El Coco”, dijo este miércoles que no conocía la figura del defensor del Pueblo y que le habían dicho que se trataba de una turba que había entrado al lugar.
Los gremios periodísticos, encabezados por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), pidieron este miércoles «sanciones ejemplares» y sometimiento a la acción de la justicia de la coronela Ysabelita de los Santos y demás agentes que provocaron los ataques a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos, mientras cubrían las incidencias de la visita del Defensor del Pueblo al canódromo el pasado lunes.
El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett), general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, se reunió este miércoles con el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, con quien se disculpó por la agresión que sufrió durante una visita de inspección que realizó al canódromo, entidad bajo el cargo del organismo de tránsito.
Pablo Ulloa, defensor del Pueblo, no piensa desistir de la acción legal que interpuso contra los miembros del Centro de Retención Vehicular el Coco (Canódromo) que lo agredieron junto a un equipo de su dependencia, al igual que a miembros de la prensa, cuando acudió al lugar a realizar una inspección ante las denuncias de ciudadanos de las alegadas irregularidades y actos de corrupción que tienen que enfrentar para poder recuperar sus vehículos llevados a la entidad.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este miércoles que fue trasladad la dotación que operaba en el canódromo tras el incidente con el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien sufrió agresiones el pasado lunes durante una visita de inspección al lugar junto con los medios de comunicación.
La Policía Nacional informó este miércoles que comenzó una investigación en torno al hecho del canódromo, donde el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y varios reporteros fueron agredidos por agentes de la Dirección General de Seguridad de Transporte y Tránsito Terrestre (Digesett) cuando el funcionario fue a inspeccionar el lugar y los medios de comunicación a cubrir la actividad.
Soy un dominicano que quiero seguir aportando a mi país. En este momento como Defensor del Pueblo, lucho por los derechos de todas las personas de mi tierra.
Soy un dominicano que quiero seguir aportando a mi país. En este momento como Defensor del Pueblo, lucho por los derechos de todas las personas de mi tierra.
Soy un dominicano que quiero seguir aportando a mi país. En este momento como Defensor del Pueblo, lucho por los derechos de todas las personas de mi tierra.
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