Una cárcel puede tener sus puertas cerradas y, sin embargo, seguir siendo un centro de operaciones del crimen. Cuando desde ella se ordenan extorsiones, se coordinan delitos o se amenaza a ciudadanos, el Estado ha conseguido encerrar a los responsables, pero no neutralizar su capacidad de hacer daño. Esta contradicción revela una verdad que debemos asumir: la seguridad ciudadana también depende de lo que ocurre dentro de las cárceles.
Por eso propongo una Política Nacional de Cero Ocio Penitenciario. Su objetivo es doble: impedir que los recintos sirvan para continuar delinquiendo y organizar el tiempo de privación de libertad para desarrollar capacidades que contribuyan a reducir la reincidencia. Una cárcel debe estar bajo el control del Estado durante las veinticuatro horas, y el tiempo de quienes cumplen condena debe tener una programación formativa, productiva y de convivencia, ajustada a la ley y a sus condiciones individuales.
La experiencia de El Salvador bajo Nayib Bukele ha situado el control penitenciario en el centro del debate internacional: operaciones territoriales, detenciones masivas y un régimen carcelario estricto, en un contexto de reducción significativa de homicidios según cifras oficiales. No sería riguroso atribuir esa reducción exclusivamente a las prisiones ni desconocer las denuncias documentadas de detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción. La lección para la República Dominicana no es copiar un modelo, sino reconocer que ninguna política de seguridad está completa mientras las organizaciones criminales conserven capacidad de operar desde prisión.
El control penitenciario protege el presente: impedir comunicaciones ilícitas, desarticular redes de extorsión y combatir la corrupción interna elimina mecanismos concretos mediante los cuales el crimen afecta a la población. Pero organizar lo que ocurre dentro de una cárcel puede proteger también el futuro. Según cifras del Ministerio de Educación, la inversión promedio anual por estudiante de secundaria en 2025 fue de RD$110,661. El costo de manutención penitenciaria reportado —cerca de RD$1,400 diarios por interno— equivale a unos RD$511,000 anuales: 4.6 veces esa inversión. No significa que ambos presupuestos sean intercambiables; significa que debemos preguntarnos cuánto invertimos en desarrollar capacidades humanas y cuánto en enfrentar las consecuencias de la criminalidad.
Esa misma lógica se extiende a la reincidencia. Hace más de una década, la Escuela Nacional Penitenciaria reportó que los Centros de Corrección y Rehabilitación —el modelo con programación estructurada— registraban apenas un 2 % de reincidencia, frente a cerca de 50 % en el modelo tradicional sin programación. Son cifras oficiales de aquel momento, no una medición reciente, pero ilustran el tipo de diferencia que está en juego: si cada 100 personas que pasan por un programa estructurado reinciden 48 menos que bajo el modelo tradicional, y cada reingreso cuesta al Estado cerca de RD$511,000 anuales, cada 100 egresos evitables representa un ahorro potencial de unos RD$24.5 millones — sin contar lo que esos delitos habrían costado a las víctimas, a la justicia y a la seguridad ciudadana. No es una proyección nacional exacta; haría falta una medición actualizada de reincidencia y egresos para calcularla con precisión. Pero incluso como aproximación, muestra que cero ocio no es solamente una política de derechos humanos: es también una política fiscal.
Esta reflexión me devuelve a una visita que hice a Estonia para conocer su sistema de justicia juvenil, donde encontré a un solo menor privado de libertad en el espacio que recorrimos — un país que además figura entre los de mejor desempeño de Europa en las pruebas PISA 2022. No pretendo extrapolar lo observado a todo el país ni establecer una relación causal automática. Pero me dejó una pregunta: ¿qué ocurriría si dedicáramos a crear oportunidades antes del delito la misma determinación institucional que empleamos para enfrentar sus consecuencias?
La realidad dominicana exige actuar en ambos frentes. Al cierre de 2025 se reportaban 23,270 personas privadas de libertad para una capacidad instalada de 16,357 plazas —una ocupación del 142 %—, de las cuales cerca del 64.57 % permanecía en prisión preventiva. Para 2026, la asignación presupuestaria de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales ronda los RD$2,803.8 millones. Estas cifras muestran un desafío que no se resuelve únicamente construyendo nuevas instalaciones.
¿Qué significa, en la práctica, cero ocio penitenciario? Propongo que la DGSPC coordine un programa nacional, con apoyo del sector educativo, técnico y productivo, alrededor de cinco compromisos verificables:
Control estatal efectivo. Protocolos de seguridad, clasificación de internos, control de accesos, inteligencia penitenciaria y supervisión anticorrupción. Ninguna organización criminal debe ejercer autoridad dentro de una instalación del Estado.
Jornada diaria estructurada. Cada persona elegible debe tener un itinerario según su situación jurídica, nivel educativo y perfil de seguridad: alfabetización, educación formal, capacitación técnica, trabajo legalmente regulado, deporte, descanso y contacto familiar. La meta no es ocupar cada minuto, sino evitar que la inactividad prolongada sea la condición habitual del encierro.
Ruta individual de reinserción. Desde el ingreso, cada persona condenada debe contar con objetivos de formación y seguimiento. INFOTEP, el Ministerio de Educación, las universidades y las empresas pueden ofrecer programas certificados y vinculados a oportunidades laborales reales, con supervisión que impida cualquier forma de explotación. Esa ruta también debe incluir una vía de trabajo comunitario: mediante acuerdos con los ayuntamientos y el Ministerio de Obras Públicas, las personas elegibles podrían participar, de manera voluntaria y remunerada, en el mantenimiento de infraestructura y espacios públicos. Siempre bajo el sistema de distribución de ingresos que ya regula la Ley 113-21, porque nuestra Constitución prohíbe expresamente el trabajo forzado.
Preparación para la libertad. La formación debe complementarse con orientación para empleo, documentación y vinculación familiar al concluir la condena. No basta con entregar un certificado si la persona carece de herramientas para usarlo fuera de prisión.
Medición pública de resultados. Cada centro debe informar sobre incidentes de seguridad, delitos coordinados desde prisión, participación en programas y preparación para la salida. A escala nacional deben medirse la inserción laboral y la reincidencia con criterios comparables y actualizados — algo que, como mostré arriba, hoy no tenemos con la precisión necesaria.
La implementación debe comenzar con centros piloto, con presupuesto identificado, personal capacitado y metas para el primer año que permitan corregir el diseño antes de ampliar el programa. No debemos prometer ahorros automáticos: una política seria necesita inversión y evidencia.
Nuestra Constitución, en su artículo 40, numeral 16, establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados. Cero ocio no significa trabajo forzoso ni eliminación del descanso. Quienes permanecen en prisión preventiva conservan la presunción de inocencia y requieren un tratamiento diferenciado; su elevada proporción exige también decisiones judiciales oportunas y medidas cautelares aplicadas conforme a los criterios legales. Las víctimas deben ocupar un lugar central en esta política: su derecho a la justicia no se debilita con la reinserción — al contrario, reducir la reincidencia significa procurar que menos personas vuelvan a sufrir delitos.
De El Salvador podemos estudiar la importancia del control penitenciario, sin trasladar prácticas contrarias a nuestro orden constitucional. De Estonia, una reflexión sobre educación y prevención. Y de nuestra realidad debemos aprender que la seguridad exige continuidad: oportunidades antes del delito, justicia cuando ocurre, control durante la privación de libertad y preparación responsable para el regreso a la sociedad.
Cero ocio significa, en definitiva, control efectivo, jornada estructurada, formación certificada, trabajo comunitario regulado, preparación para la libertad y evaluación pública. Seis compromisos que permiten convertir una idea en una política susceptible de planificación, financiamiento y rendición de cuentas. La prisión debe privar de libertad conforme a la ley. No debería privar de propósito.
Vamos por lo que nos une. Hoy nos une una seguridad que protege, una justicia que se cumple y un Estado que transforma el encierro en responsabilidad.
