Quizás ahí se encuentre la próxima generación de reformas dominicanas. No necesariamente en una gran modificación capaz de resolverlo todo, sino en una secuencia persistente de transformaciones que aumenten simultáneamente la productividad económica y la institucional: mejor educación, adopción tecnológica, procedimientos más simples, interoperabilidad pública, profesionalización, evaluación de resultados, mayor capacidad territorial, mejores mecanismos de escucha y decisiones construidas sobre evidencia.
Hay, además, una coincidencia especialmente valiosa entre esta reflexión y el momento que vivimos. Si el país aspira a una economía más sofisticada, con empresas más productivas, trabajadores con mayores capacidades y tecnologías más avanzadas, necesitará también instituciones a la altura de esa transformación. No podemos aspirar a una economía del siglo XXI manteniendo procesos públicos diseñados para otra época. La modernización económica y la modernización institucional tendrán que avanzar juntas.
Durante las últimas décadas aprendimos que la estabilidad, la inversión, las reformas y la concertación podían transformar una economía. La próxima etapa deberá demostrar que también somos capaces de transformar la capacidad del Estado para acompañar una sociedad cada vez más compleja, tecnológica y exigente. Y hacerlo sin perder de vista aquello que Molina Achécar coloca al final de su reflexión: la persona y su dignidad como razón última del progreso.
Alcanzar mayores niveles de ingreso sería un logro extraordinario. Pero el verdadero desarrollo exige algo adicional: que la prosperidad económica encuentre instituciones capaces de convertirla en oportunidades, derechos efectivos, confianza y capacidades para las personas. Ese es el punto en el que economía e institucionalidad dejan de ser agendas distintas y se encuentran en un mismo propósito: mejorar concretamente la vida de la gente.
El próximo salto dominicano no será solamente económico ni tecnológico. Tendrá que ser también institucional. Y tendrá una medida sencilla, aunque profundamente exigente: que el Estado funcione cada vez mejor para la gente.
Vamos por lo que nos une.
