En Bonao, provincia Monseñor Nouel, durante un Diálogo en tu Comunidad por el Bien Común, varias familias compartieron una preocupación que se repetía entre los adultos mayores del sector: los medicamentos estaban llegando con retrasos o, en algunos casos, dejaban de llegar durante semanas. Para muchos de ellos, conseguir sus tratamientos significaba recorrer largas distancias o pagar transporte que no siempre podían costear.
Detrás de esa situación había algo más profundo que un problema logístico. Para cientos de envejecientes, la entrega regular de medicamentos es la condición que les permite vivir con estabilidad. Cuando esa cadena se interrumpe, no solo se afecta la salud; también se instala la incertidumbre en la vida cotidiana de las familias.
En ese municipio, más de 1,150 adultos mayores dependían directamente de la distribución regular de estos tratamientos. De manera indirecta, la situación impactaba a casi 4,000 familiares y cuidadores, quienes asumían la responsabilidad de acompañar, asistir y muchas veces financiar los desplazamientos necesarios para obtener los medicamentos. En total, más de 5,000 personas estaban siendo afectadas por una situación que comprometía la salud y la tranquilidad de toda la comunidad.
La Constitución Dominicana, en su Artículo 57, establece que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las personas envejecientes y garantizar su bienestar, salud y calidad de vida. Ese mandato constitucional no es una declaración simbólica; es una obligación concreta que exige que los servicios públicos funcionen de manera continua y eficiente.
La situación fue registrada en el Sistema M158, dentro de la Ruta de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común. A partir de ese registro se inició la coordinación con las instituciones responsables para restablecer la entrega regular de los medicamentos. Se revisaron rutas de distribución, se ajustaron horarios de entrega y se fortalecieron los mecanismos de seguimiento para asegurar que los tratamientos —especialmente los destinados a enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes— llegaran oportunamente a quienes los necesitan.
Semanas después comenzaron a llegar las confirmaciones desde la propia comunidad. Las familias reportaban que los medicamentos estaban llegando nuevamente. Algunos compartieron videos mostrando a los adultos mayores recibiendo sus tratamientos. En sus rostros se veía algo que iba más allá de la simple satisfacción: se veía alivio.
Para una persona envejeciente, un medicamento no es un objeto cualquiera. Es la garantía de estabilidad. Es la diferencia entre poder continuar con su vida cotidiana o enfrentar el miedo permanente de una crisis de salud.
Cuando el Estado logra restablecer ese servicio, no solo corrige una falla administrativa. Restituye una condición básica de dignidad. Reconoce el valor de quienes han dedicado décadas a trabajar, construir familias y aportar al desarrollo del país.
Proteger a las personas envejecientes es también proteger la memoria y la experiencia de nuestra sociedad. Es afirmar que una nación que respeta a sus mayores es una nación que comprende el valor de su historia y la responsabilidad con su futuro.
Lo que ocurrió en Bonao demuestra algo importante: cuando las comunidades tienen espacios para expresar sus preocupaciones, cuando las instituciones escuchan y cuando existe un mecanismo claro para dar seguimiento a los problemas, los derechos pueden hacerse efectivos.
Entonces el bien común deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad que se siente en la vida diaria de la gente.
Porque cuando los medicamentos vuelven, vuelve la tranquilidad, vuelve la seguridad y vuelve la dignidad. Y cuando el Estado responde de esa manera, demuestra que puede cumplir su propósito más esencial: funcionar para la gente.
