En Sabaneta, durante la Ruta de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, escuchamos una preocupación que se repetía con insistencia. No se trataba únicamente de equipos médicos dañados ni de áreas cerradas en el hospital municipal. Lo que realmente comenzaba a deteriorarse era la confianza de la gente. Cada servicio suspendido significaba un diagnóstico retrasado, una madre obligada a desplazarse para atender a su hijo, un adulto mayor esperando una consulta que no llegaba y una familia asumiendo gastos que no podía pagar.
Cuando registramos aquella situación en el Sistema M158, comprendimos que no estábamos frente a una simple dificultad administrativa. Se estaba afectando el derecho a la salud y la igualdad en el acceso a los servicios públicos. La respuesta exigía coordinación institucional, seguimiento constante y voluntad para resolver. La articulación con el Servicio Nacional de Salud permitió reparar equipos, reactivar áreas esenciales y recuperar servicios que beneficiaban no solo a Sabaneta, sino también a comunidades cercanas. La acción tuvo un impacto directo e indirecto superior a 165,000 personas. Pero la cifra más importante no aparece en ninguna estadística: el momento en que una comunidad vuelve a entrar a su hospital con la certeza de que encontrará atención.
Con frecuencia asociamos la productividad exclusivamente con la empresa, la inversión o la actividad comercial. Sin embargo, un hospital que funciona también produce riqueza. Reduce gastos familiares, evita traslados innecesarios, disminuye pérdidas laborales, previene complicaciones de salud y crea condiciones para que las personas puedan estudiar, trabajar y emprender. La salud no es únicamente un derecho fundamental; es también una condición indispensable para el desarrollo económico y social.
Las instituciones públicas producen valor cuando permiten que la vida continúe con normalidad. Cada consulta atendida oportunamente evita costos futuros. Cada equipo reparado representa recursos públicos mejor aprovechados. Cada servicio recuperado devuelve tiempo, tranquilidad y oportunidades a miles de ciudadanos.
La Constitución dominicana reconoce la salud como un derecho cuya garantía corresponde al Estado. Pero ese mandato solo adquiere sentido cuando las instituciones escuchan, actúan y responden.
Eso fue lo que ocurrió en Sabaneta. La experiencia confirma una lección sencilla: fortalecer un hospital no consiste únicamente en invertir en infraestructura o tecnología. Significa también fortalecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía. Y cuando esa confianza se recupera, se fortalece la institucionalidad, mejora la calidad de vida y se construye comunidad.
Porque una comunidad sana no solo vive mejor. También construye un mejor país.
