Son los silencios de quien deja de salir de su casa porque no puede caminar; de la madre que cancela una consulta médica porque no tiene cómo trasladar a su hijo; del adulto mayor que observa la vida desde una ventana mientras la comunidad continúa su curso. En esos casos, la discapacidad no siempre es la causa principal de la exclusión. Muchas veces lo es la ausencia de una respuesta pública oportuna.
Eso fue lo que encontramos durante los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común en Baní. Decenas de familias compartieron una realidad que pocas veces ocupa titulares: personas que permanecían confinadas durante meses por no disponer de una silla de ruedas, un andador, unas muletas o cualquier ayuda funcional que les permitiera ejercer derechos tan elementales como acudir a una consulta médica, estudiar, trabajar o simplemente visitar a un familiar. Detrás de cada testimonio había una misma conclusión: la movilidad también es un derecho.
La situación fue incorporada al Sistema M158 como una vulneración al derecho a la movilidad digna y a la inclusión. A partir de esa evidencia se activó la coordinación con las instituciones competentes para gestionar la entrega de ayudas técnicas y dispositivos de apoyo. Lo que para algunos podría parecer un simple equipo médico, para cientos de familias significó recuperar autonomía, independencia y calidad de vida.
Los resultados permiten dimensionar el alcance de esta intervención. Más de 1,400 personas fueron beneficiadas de manera directa y el impacto alcanzó a más de 6,100 ciudadanos entre familiares y comunidades vinculadas. Sin embargo, las cifras cuentan solo una parte de la historia. El verdadero indicador fue volver a encontrar personas asistiendo a sus citas médicas, regresando a sus centros de estudio o participando nuevamente en actividades comunitarias después de largos períodos de aislamiento.
La Constitución dominicana ofrece un mandato inequívoco. El artículo 38 reconoce la dignidad humana como fundamento del orden constitucional; el artículo 39 garantiza la igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación; mientras el artículo 58 obliga al Estado a proteger los derechos de las personas con discapacidad y promover las condiciones necesarias para su plena integración social. Cuando una persona permanece inmovilizada por falta de una ayuda técnica disponible, no estamos únicamente frente a una necesidad social: estamos frente a un derecho que espera ser garantizado.
Con frecuencia medimos el desarrollo por la cantidad de carreteras, hospitales o escuelas construidas. Son indicadores importantes, pero existe otro que pocas veces aparece en los informes oficiales: la cantidad de personas que recuperan la posibilidad de vivir con autonomía gracias a una intervención pública efectiva. Una silla de ruedas no representa solamente movilidad; representa dignidad. Un andador no solo facilita un desplazamiento; devuelve independencia. Una ayuda funcional no cambia únicamente el cuerpo; cambia el horizonte de una familia completa.
Las instituciones cumplen plenamente su propósito cuando transforman necesidades concretas en derechos efectivos. Esa es la diferencia entre administrar problemas y resolverlos. Porque cuando el Estado escucha, coordina y actúa, la inclusión deja de ser un discurso y se convierte en una realidad verificable. Ese es el Estado que funciona.
