En El Seybo, un agricultor madruga a regar con cubetas porque el acueducto prometido no se ha terminado. En La Ciénaga, Bahoruco, las tuberías están instaladas, pero la planta de bombeo no está operativa.
En Monte Plata, el proyecto de acueducto múltiple lleva más de una década presupuestado y aún no se ha concluido. Estas situaciones no son aisladas. Son síntomas de una fractura silenciosa entre planificación nacional y ejecución territorial.
Entre 2020 y 2023, el presupuesto nacional asignó más de RD$8,400 millones a proyectos de agua potable y saneamiento rural, según la Dirección General de Presupuesto (Digepres). Sin embargo, la ejecución efectiva apenas superó el 61%. Esta brecha entre lo aprobado y lo ejecutado representa una deuda pendiente con comunidades que siguen esperando acceso digno al agua.
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), junto con Indrhi y las corporaciones regionales, tienen el mandato técnico de llevar agua donde hace falta. Y aunque existen avances en zonas urbanas, los datos muestran que la inversión en zonas rurales y periféricas sigue rezagada.
A modo de ejemplo: en Río Limpio, Elías Piña, más del 80% de los hogares se abastecen por medios informales; en Las Lagunas de Nisibón, el agua llega una vez cada 12 días, pese a contar con redes instaladas; y en Las Yayas, Azua, pozos construidos hace una década están fuera de servicio por falta de mantenimiento.
Estos no son casos de negligencia individual. Son el resultado de un modelo de desarrollo centrado en lo urbano, donde el presupuesto se aprueba con criterios técnicos, pero muchas veces se ejecuta bajo prioridades no explícitas. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y la brecha de acceso al agua muestran una coincidencia geográfica alarmante. Allí donde hay más pobreza, hay menos agua potable.
La Constitución es clara en su Artículo 15: el agua es patrimonio nacional de uso público y debe ser garantizada por el Estado. El derecho al agua potable está reconocido por organismos internacionales y forma parte de los compromisos asumidos en la Agenda 2030. Pero ningún compromiso es suficiente si no se convierte en resultado.
No se trata de desconocer lo que se ha hecho. Muchas obras se han iniciado, licitado o proyectado. Pero no basta con tener proyectos; hay que tener agua en la llave.
Por eso, propongo tres acciones concretas que fortalecen el sistema sin deslegitimarlo:
1. Publicar un mapa nacional de obras hidráulicas con detalle de ejecución por municipio, actualizado trimestralmente, como herramienta de transparencia y planificación.
2. Asignar al menos el 50% del presupuesto de nuevos acueductos a provincias con más vulnerabilidad hídrica, conforme a datos estadísticos oficiales y el IPM.
3. Crear observatorios comunitarios de seguimiento social de obras hidráulicas, con participación de alcaldías, juntas de vecinos y defensores locales.
Garantizar el derecho al agua no es solo una cuestión técnica o presupuestaria. Es una decisión de justicia territorial y equidad estructural. Un país donde hay agua en el presupuesto pero no en los hogares, es un país que aún no cierra la brecha más elemental: la del derecho humano más básico.
La solución no está en la confrontación, sino en la corresponsabilidad. Gobernar también es escuchar lo que no llega: ni por tubería, ni por decreto.
