Gestión en Sábana de la Mar
Hay distancias que se miden en kilómetros y otras que se miden en angustia. Cuando una persona sufre una emergencia médica, ambas pueden convertirse en la misma cosa. En ese momento ya no importa solamente dónde está el hospital, sino cuánto tiempo tomará llegar hasta él. Y entonces aparece una pregunta que debería ocupar un lugar central en cualquier conversación sobre derechos: ¿puede el lugar donde vivimos determinar nuestras posibilidades de recibir atención a tiempo?
En Sabana de la Mar escuché una respuesta que no necesitaba estadísticas para conmover. Durante uno de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, los comunitarios explicaron que el municipio no disponía de una ambulancia funcional. Cuando ocurría una emergencia, algunas familias tenían que improvisar un vehículo, recurrir a un vecino o esperar que una unidad pudiera desplazarse desde otra localidad. Lo que administrativamente podía describirse como una carencia de transporte sanitario, para una familia significaba algo mucho más sencillo y dramático: no saber si llegaría a tiempo.
Recorrer los municipios del país me ha permitido comprender que existe una distancia entre tener un derecho reconocido y poder ejercerlo efectivamente. Nuestra Constitución reconoce la dignidad humana en su artículo 38 y el derecho a la salud en el 61. Esas garantías pertenecen por igual a quien vive en una gran ciudad y a quien reside en el municipio más apartado. Sin embargo, para que esa igualdad jurídica se convierta en igualdad real hacen falta instituciones capaces de reducir las barreras que todavía separan a las personas de sus derechos.
Por eso el territorio importa. Desde un escritorio podemos observar cobertura, presupuestos, infraestructura y estadísticas. En una comunidad aparecen otras variables: cuánto tarda una ambulancia, cuántos kilómetros hay que recorrer para recibir atención, cuánto tiempo permanece una calle sin iluminación, cuántos días pasa una familia sin agua o cuántas instituciones debe visitar un ciudadano antes de encontrar una respuesta. Es allí donde la calidad del Estado deja de ser una abstracción y se convierte en experiencia cotidiana.
La situación planteada en Sabana de la Mar fue registrada en el Sistema M158 y se activó la articulación institucional correspondiente con el Servicio Nacional de Salud y las autoridades vinculadas a la respuesta. Posteriormente se asignó una ambulancia nueva y equipada para atender las emergencias del municipio. Las estimaciones del sistema sitúan el impacto directo en aproximadamente 18,000 personas y el indirecto en unas 45,000, para un alcance potencial cercano a 63,000 ciudadanos.
Pero la importancia de esa intervención no está solamente en los números. Está en una madrugada que todavía no ha ocurrido. En una madre, un padre, un trabajador o un adulto mayor que necesite atención urgente. En una llamada que encuentre respuesta. En una familia que ya no tenga que comenzar una carrera desesperada buscando quién posee un vehículo. La verdadera medida de una ambulancia no es cuánto cuesta ni dónde está estacionada: es cuánto tiempo logra colocar entre una emergencia y una oportunidad de salvar una vida.
Esta experiencia plantea una discusión mayor sobre la manera en que debemos entender la presencia estatal. Durante mucho tiempo hemos medido esa presencia principalmente por la infraestructura construida: hospitales, escuelas, carreteras, oficinas y destacamentos. Son indispensables. Pero el próximo nivel de madurez institucional exige incorporar otra medida: la capacidad efectiva de respuesta. Un edificio demuestra presencia física; un servicio que responde cuando el ciudadano lo necesita demuestra capacidad institucional.
Esa diferencia también explica una parte de la confianza —o de la desconfianza— que existe hacia las instituciones. El ciudadano no experimenta al Estado como un organigrama. Lo experimenta cuando necesita una respuesta. Lo mide por el tiempo que espera, por las puertas que debe tocar, por la claridad de la información que recibe y, finalmente, por la solución que encuentra. Allí se construye buena parte de la legitimidad cotidiana de las instituciones.
Precisamente por eso hemos concebido los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común no como encuentros para escuchar y marcharnos, sino como parte de un circuito de gestión: escuchar, registrar, articular, responder y verificar. La participación ciudadana pierde valor cuando termina en una fotografía o en un listado de necesidades. Adquiere capacidad transformadora cuando la información producida por la comunidad entra en los sistemas institucionales, identifica responsabilidades, activa respuestas y permite posteriormente comprobar resultados.
De los municipios que hemos recorrido surge, además, una conclusión que trasciende a Sabana de la Mar: la cohesión territorial también consiste en acercar derechos. Naturalmente, ningún país puede reproducir toda su infraestructura pública en cada comunidad. Pero sí puede construir redes, protocolos, tecnología, transporte, coordinación interinstitucional y capacidades locales que reduzcan las diferencias en el acceso efectivo a los servicios esenciales.
Esa debería ser una de las grandes métricas del Estado dominicano de los próximos años: cuánta distancia somos capaces de eliminar entre una necesidad ciudadana y la respuesta institucional. No solamente cuánto invertimos, sino cuánto resolvemos; no solamente cuántos servicios existen, sino cuántas personas pueden acceder a ellos; no solamente cuánto hacemos, sino cuánto tiempo necesita un ciudadano para sentir que el Estado funcionó.
En cada municipio encuentro problemas distintos, pero también una aspiración sorprendentemente parecida. La gente quiere agua cuando abre la llave, iluminación cuando cae la noche, una escuela que eduque, una calle por la que pueda transitar y atención médica cuando una vida está en riesgo. No son aspiraciones extraordinarias. Son la expresión cotidiana de la promesa constitucional.
Quizás por eso una ambulancia en Sabana de la Mar puede enseñarnos mucho más que una historia sobre transporte sanitario. Nos recuerda que la República también se construye reduciendo la distancia entre lo que la Constitución promete y lo que cada ciudadano experimenta.
Porque existen derechos cuya efectividad depende del tiempo.
Y cuando una vida está en juego, un derecho que llega tarde puede ser un derecho que nunca llegó.
Construir un Estado que funcione significa, también, construir un Estado que llegue a tiempo.
