Durante los últimos días, en Santo Domingo y en Santiago, instituciones públicas, autoridades locales, universidades y expertos internacionales nos sentamos a dialogar sobre algo que suele mencionarse poco y decidirse tarde: cómo lograr que el Estado funcione mejor para la gente.
Junto a la experiencia de la e-Governance Academy de Estonia, no hablamos de modelos importados ni de soluciones mágicas, sino de un desafío común: convertir la capacidad estatal, la coordinación institucional y el uso responsable de la tecnología en herramientas reales para garantizar derechos, generar confianza y fortalecer la democracia.
Hay países que reforman el Estado cuando la crisis los obliga. Otros lo hacen cuando comprenden, a tiempo, que la eficiencia no es solo una exigencia técnica, sino un deber ético.
La República Dominicana se encuentra hoy ante esa disyuntiva: seguir administrando derechos con estructuras que no siempre responden, o asumir con seriedad el desafío de que el Estado aprenda a funcionar mejor para la gente.
Durante años hemos concentrado el debate público en la creación de normas, reformas legales y nuevas instituciones. Sin embargo, la experiencia cotidiana de los ciudadanos revela que el principal problema no es la falta de derechos reconocidos, sino la dificultad para ejercerlos.
El Informe Nacional del Defensor del Pueblo es claro: una parte significativa de las reclamaciones ciudadanas no surge porque el Estado diga “no”, sino porque no responde, se descoordina o guarda silencio. Ese silencio administrativo —invisible pero persistente— erosiona la confianza y debilita la democracia.
Un Estado que reconoce derechos pero no los hace efectivos falla en su función más elemental. No se trata de un debate ideológico, sino de un problema de capacidad. La ineficiencia pública no es neutra: afecta más a quienes tienen menos recursos, menos tiempo y menos redes para insistir.
