Hay encuentros que uno prepara durante semanas y que, cuando finalmente ocurren, dejan una enseñanza distinta de la imaginada. Hace unos días, en el Vaticano, tuve la oportunidad de encontrarme con el papa León XIV. Llegué consciente de la solemnidad del momento, de la responsabilidad institucional que llevaba conmigo y también de lo que significaba, personalmente, estar allí. Sin embargo, mientras conversábamos, pensé menos en el poder que representa aquella figura y más en una palabra sencilla que nuestra época necesita volver a comprender: servicio.
Hay una paradoja poderosa en la tradición que representa el Santo Padre. Una de las instituciones con mayor presencia universal se sostiene sobre una idea profundamente humana: quien recibe autoridad adquiere, precisamente por ello, una responsabilidad mayor frente a los demás. No significa renunciar a la firmeza ni desconocer la jerarquía. Significa comprender que el poder encuentra su legitimidad más profunda cuando deja de mirarse a sí mismo y se pone al servicio de otros.
Esa reflexión trasciende cualquier confesión religiosa. Pertenece también a la democracia. En un Estado constitucional, la autoridad no es propiedad de quien temporalmente la ejerce. Es una responsabilidad recibida para cumplir una función. Un ministro, un alcalde, un juez, un legislador o cualquier servidor público tendrá atribuciones diferentes, pero todos deberían poder responder una misma pregunta: ¿para quién existe la autoridad que ejerzo?
Nuestra Constitución ofrece una respuesta clara. Al colocar la dignidad humana en el centro del orden constitucional y establecer como función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, nos recuerda que las instituciones no existen para justificarse a sí mismas. Existen para servir. Sus estructuras, presupuestos, competencias y procedimientos adquieren verdadero sentido cuando consiguen convertirse en derechos efectivos, oportunidades y respuestas para la gente.
Durante mi encuentro con el Santo Padre pensé inevitablemente en la República Dominicana. Le hablé de nuestro país, le extendí una invitación para que pueda visitarnos y conocer esa Ruta de las Américas que expresa una parte importante de nuestra historia y de nuestra vocación de encuentro, y le pedí que tuviera presente al pueblo dominicano en sus oraciones. En momentos así uno comprende que representar una institución significa también llevar consigo algo que la trasciende: las esperanzas, preocupaciones y aspiraciones de la gente a la que uno sirve.
Regresé de ese encuentro con una convicción fortalecida. Necesitamos recuperar una idea de autoridad que no tenga miedo de ser firme, pero que tampoco confunda firmeza con distancia; que pueda tomar decisiones difíciles sin perder sensibilidad; que ejerza plenamente sus competencias sin olvidar la dignidad de quien está frente a ella. La autoridad democrática no se hace más pequeña cuando escucha. Se hace más legítima.
Lo he comprobado recorriendo nuestro territorio. Cuando una persona se acerca a una institución pública rara vez piensa primero en su organigrama, su presupuesto o la distribución jurídica de sus competencias. Llega porque necesita algo: una respuesta, una orientación, un servicio, la solución de un problema, la protección de un derecho o, muchas veces, simplemente que alguien la escuche. Para esa persona, en ese momento, quien la recibe no representa una dependencia administrativa: representa al Estado.
Por eso el servicio público no puede reducirse al cumplimiento de un procedimiento. Cumplir la ley es indispensable, pero una buena institucionalidad exige algo más: convertir las competencias legales en soluciones comprensibles y resultados verificables. He llegado a resumir esa convicción de una manera sencilla: servicio para garantizar derechos cuyos resultados crean ciudadanía. Allí encuentro una definición posible del Estado que funciona.
Esto adquiere todavía mayor importancia en un tiempo de transformación tecnológica. Podemos digitalizar servicios, simplificar procedimientos, interoperar instituciones e incorporar inteligencia artificial. Debemos hacerlo. Pero ninguna innovación debería hacernos olvidar aquello que constituye la razón de ser del Estado: la persona. La eficiencia sin humanidad puede producir buenos indicadores y, al mismo tiempo, malas experiencias ciudadanas. Modernizar el Estado no consiste solamente en hacerlo más rápido; significa hacerlo más capaz de responder a las personas.
Al mirar después las fotografías de aquel encuentro en el Vaticano descubrí algo que durante esos minutos quizás no advertí con igual claridad. En una estamos conversando. En otra escuchando. En otra estrechamos nuestras manos. Son gestos muy sencillos frente a la dimensión de las instituciones representadas, pero precisamente allí encontré una enseñanza: al final, las instituciones siempre terminan encontrándose a través de personas.
Esta idea conecta con una preocupación que he venido desarrollando desde hace tiempo. Queremos un Estado que funcione, pero para lograrlo necesitamos también un Estado que aprenda: que explique antes de exigir, prevenga antes de reparar, articule antes de duplicar, mida antes de celebrar y escuche antes de decidir. La fortaleza institucional no consiste únicamente en disponer de autoridad; consiste en desarrollar la capacidad de utilizarla correctamente y aprender de sus resultados.
No necesitamos autoridades débiles. Necesitamos autoridades conscientes de la finalidad de su fortaleza. Tampoco debemos confundir servicio con complacencia. Servir puede significar decir que no cuando corresponde, hacer cumplir una norma, proteger los recursos públicos, enfrentar intereses particulares o adoptar decisiones difíciles. La diferencia está en comprender que la autoridad no es un privilegio concedido a quien la ejerce, sino una responsabilidad frente a quienes reciben las consecuencias de sus decisiones.
Hay algo especialmente importante en esta concepción para nuestra democracia. Los cargos pasan; las instituciones permanecen. Los despachos cambian de ocupantes; las decisiones dejan consecuencias. Quien recibe temporalmente una responsabilidad pública debería aspirar a algo más trascendente que ocuparla: entregar la institución mejor de como la recibió, con mayor capacidad para servir, mejores procesos, más confianza ciudadana y una comprensión más profunda de su propósito.
Quizás esa sea también una manera de entender el bien común. No como una expresión abstracta ni como la simple suma de intereses individuales, sino como la construcción cotidiana de condiciones que permitan que cada persona pueda vivir con dignidad y que las instituciones puedan responder eficazmente a aquello que la sociedad espera de ellas. El bien común necesita leyes y políticas públicas, pero también necesita una determinada ética en el ejercicio de la autoridad.
De Roma regreso agradecido por un encuentro que guardaré en mi memoria y en la de mi familia. Pero regreso, sobre todo, con una pregunta que quisiera compartir con quienes alguna vez hemos recibido la responsabilidad de dirigir, decidir o servir: ¿qué cambiaría en nuestro país si cada persona que ejerce autoridad comenzara su jornada recordando que el poder que posee es temporal, pero las consecuencias de cómo lo utiliza pueden permanecer durante generaciones?
Creo que cambiarían muchas cosas. Porque ejercer autoridad nos concede la posibilidad de decidir; ejercerla con responsabilidad nos obliga a responder por esas decisiones. Pero hay algo todavía más profundo: comprender que detrás de cada expediente existe una persona, detrás de cada derecho existe una historia y detrás de cada institución existe una sociedad que espera resultados.
La autoridad nos permite decidir. El servicio le da propósito a esa decisión. Y cuando ese propósito es la dignidad de las personas, el poder público encuentra su verdadera razón de ser.
Vamos por lo que nos une.
