Durante años, miles de dominicanos en el exterior nos repitieron una pregunta cargada de frustración:
¿Quién nos protege cuando queremos invertir en nuestro país?
La historia reciente está llena de testimonios dolorosos: familias que enviaron años de esfuerzo desde Nueva York, Madrid o San Juan, solo para descubrir que su inversión fue una estafa. Terrenos inexistentes, títulos duplicados, proyectos fantasmas. Cada fraude inmobiliario no es solo una pérdida económica; es una herida abierta en la confianza de la diáspora.
Este 30 de abril dimos una respuesta concreta. Desde Nueva York, junto a cientos de miembros de nuestra comunidad y con el respaldo de instituciones públicas y privadas, realizamos el primer Foro sobre la Prevención de Estafas Inmobiliarias: Protegiendo el Sueño Dominicano.
El evento fue un éxito, no solo por su convocatoria o su contenido —que incluyó paneles técnicos de altísima calidad—, sino porque marcó un antes y un después: por primera vez, el Estado dominicano se acercó a escuchar, orientar y actuar junto a su gente, más allá de sus fronteras.
Durante el foro, juristas, expertos financieros, líderes comunitarios y representantes de entidades públicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Pro Consumidor, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Registro Inmobiliario, compartieron espacio con instituciones privadas comprometidas con la transparencia y la legalidad: la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI) y la Asociación de Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM).
No es un tema menor.
Según estimaciones oficiales, entre un 5 % y un 8 % de las inversiones inmobiliarias hechas desde el exterior han sido afectadas por fraudes. Y hablamos de una comunidad que aporta más de 10,000 millones de dólares anuales en remesas.
Cada estafa, entonces, no es solo una pérdida familiar: es una fractura en la confianza nacional, y un golpe a la percepción internacional de nuestra seguridad jurídica.
Como Defensor del Pueblo, reafirmo que el derecho a la propiedad, a una vivienda digna y a ser protegido contra el fraude son derechos fundamentales, y deben aplicarse a todos los dominicanos, sin importar dónde vivan.
Ese es el sentido profundo de nuestra misión constitucional.
Así lo sostengo también en mi libro «Por el Bien Común: Hacia un Estado de Bienestar para Todos», donde planteo que ningún país puede prosperar si no protege los sueños legítimos de su gente.
Este foro no fue un acto simbólico. Fue el inicio de una política de acción.
Anunciamos la creación de una mesa de trabajo interinstitucional permanente, orientada a reforzar la respuesta pública frente al fraude inmobiliario. Iniciaremos capacitaciones para los 52 consulados dominicanos en el mundo, para que puedan servir de primera línea de orientación. Y desarrollaremos un material didáctico claro, accesible y actualizado, que permita a cualquier ciudadano, desde cualquier lugar, verificar antes de invertir.
Porque proteger el sueño dominicano no es un lujo ni una cortesía.
Es una obligación del Estado social y democrático de derecho que aspiramos a consolidar.
Y porque cuando un dominicano pierde su inversión, también pierde el país: pierde capital, pierde confianza, pierde vínculo.
La diáspora ha demostrado ser mucho más que un flujo económico. Es una comunidad crítica, generosa, informada y profundamente comprometida con la patria.
Lo que piden no es caridad: piden reglas claras, justicia y respeto.
Hoy reafirmamos que el sueño dominicano no se negocia.
Se protege con leyes, con instituciones, y con voluntad política.
Se defiende con hechos.
