La Constitución dominicana de 2010 marcó un hito en nuestra historia republicana. Entre sus avances más trascendentes se encuentra la incorporación de mecanismos de democracia semidirecta, como el referéndum, concebido como una vía para fortalecer la participación ciudadana y elevar la legitimidad de las decisiones fundamentales. Sin embargo, a catorce años de su proclamación, la ley que debe regular este mecanismo sigue pendiente, convirtiendo un mandato constitucional en una promesa aún incumplida.
El Artículo 210 de la Constitución establece que:
«El referéndum aprobatorio es el instrumento de consulta directa al electorado para aprobar o rechazar normas de gran trascendencia nacional.»
Y la Disposición Transitoria Vigésima ordenó que:
«Dentro de un plazo no mayor de dos años contados a partir de la proclamación de esta Constitución, el Congreso Nacional deberá aprobar la ley que regula el referéndum aprobatorio.»
No se trata solo de una deuda política. Es una deuda jurídica. Así lo estableció el propio Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0113/21, donde declaró que el Congreso Nacional ha incurrido en una inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta al no dictar las leyes previstas en los artículos 203, 210 y 272 de la Constitución. La sentencia dispone textualmente:
«Este Tribunal considera que el Congreso Nacional no ha observado el mandato del constituyente […] por lo que ordenará que las mismas sean dictadas en un plazo no mayor a dos (2) años.»
Ese plazo venció. La omisión persiste. La inconstitucionalidad, por tanto, no solo es histórica: es vigente.
Hoy, más que nunca, debemos reafirmar nuestro compromiso con la institucionalidad y con los principios que nos definen como nación. Planteo que el Congreso Nacional asuma con urgencia la aprobación de la Ley de Referéndum. No como una consigna partidista ni como una bandera coyuntural, sino como un acto de coherencia democrática y amor por la patria. Si aspiramos a una República moderna, inclusiva y fuerte, debemos permitir que el pueblo se exprese directamente sobre los temas que lo definen y lo unen.
En países como Suiza, Italia, Colombia y Uruguay, el referéndum es un instrumento esencial para canalizar el sentir popular. El estándar comparado sugiere que una petición ciudadana para activar un referéndum requiere entre el 1% y el 5% del padrón electoral, según el tema y el sistema legal. En el caso dominicano, tomando un punto intermedio del 2.5%, serían necesarias unas 200 mil firmas válidas. Una meta alcanzable si se organiza la energía cívica con visión institucional.
El referéndum no divide: fortalece. No interrumpe la democracia: la profundiza. Es una herramienta para que el pueblo no solo vote cada cuatro años, sino que también opine sobre temas como el medioambiente, la justicia social, la calidad del gasto público, la reforma fiscal, la transparencia institucional o la seguridad ciudadana.
Como afirma el constitucionalista Bruce Ackerman, «la legitimidad constitucional no se deriva solo de las instituciones, sino de la capacidad del pueblo para intervenir en momentos decisivos de la historia.» Esta es una de esas coyunturas. Dejar sin efecto el mandato del referéndum es negar al pueblo su derecho a ser parte del pacto constitucional.
En Por el Bien Común, defiendo la tesis de que las democracias se fortalecen cuando la ciudadanía se siente parte activa de las grandes decisiones. Y nada define más a una comunidad política que su sentido de pertenencia, compromiso y capacidad de incidir. El referéndum no es una amenaza al orden; es un canal legítimo de transformación, participación y unión.
Este no es un llamado a la confrontación. Es una convocatoria al diálogo respetuoso, informado y necesario. Debatir la ley de referéndum no fragmenta: unifica. Porque una nación madura se atreve a hablar de lo esencial sin miedo, y una democracia fuerte se construye con instituciones que responden, no con silencios prolongados.
Ha llegado el momento de enfocar nuestras energías en los mecanismos que nos ofrece la Constitución. Que las calles de nuestra patria sean espacio de orgullo nacional, no de incertidumbre; que se llenen de la alegría de ser dominicanos y dominicanas, con la frente en alto, conscientes del trayecto recorrido y del camino que aún falta por recorrer.
Apostar por el referéndum no es una amenaza: es una promesa constitucional cumplida. Es una forma de ejercer el civismo desde el amor por nuestra historia y desde la confianza en nuestro futuro. Así lo harían Duarte, Sánchez y Mella: con fe en la soberanía, con vocación de justicia y con sentido de orden.
Ya es hora de cumplir la Constitución.
Ya es hora de que el pueblo decida.
Vamos por lo que nos une.
