Como aquel en que, tras entregar una certificación a una comunidad de San Juan, una joven se acercó y me dijo: “Gracias por venir. Ahora siento que existo para el Estado”. No pedía nada. Solo agradecía haber sido vista. Eso, en esencia, es lo que define la utilidad del Estado.
Desde que asumimos el reto de liderar el Defensor del Pueblo, entendimos que el poder que se nos entrega no es para custodiar archivos, sino para abrir puertas donde hay muros. Por eso tomamos decisiones que algunos consideraron inusuales: salir de la capital, recorrer el país, mirar a los ojos, registrar las ausencias del Estado y convertirlas en políticas públicas.
En 2024, impactamos a más de 52,000 personas de forma directa con la Ruta de los Derechos. Fortalecimos las respuestas institucionales a más de 9,300 casos individuales y colectivos, con un 96.2 % de efectividad y un incremento del 109.5 % en la resolución de casos respecto al año anterior. Las inspecciones aumentaron un 54 % y los casos de oficio, un 271 %, gracias al esfuerzo articulado de un equipo técnico y comprometido.
Y esto no es un logro de gabinete. Es el resultado de aplicar principios de gestión por resultados y transparencia radical. Certificamos nuestros procesos bajo la norma ISO 9001, ejecutamos un presupuesto de apenas el 0.03 % del gasto nacional, y construimos una nueva sede institucional con menos de RD$165 millones, demostrando que sí se puede hacer más con menos.
Además, iniciamos la consolidación de las Casas de los Derechos en las 10 regiones de planificación, con base en la Ley 345-22, para descentralizar el acceso a la defensa y orientación legal. Paralelamente, educamos en derechos a más de 312 mil personas en comunidades, escuelas, universidades y plataformas digitales. Porque un pueblo que conoce sus derechos es un pueblo que transforma su historia.
Hoy el Defensor del Pueblo es la institución más valorada en el país en materia de derechos fundamentales, con un 57.5 % de confianza ciudadana, según la Encuesta Nacional de Derechos Humanos. Esto no es un galardón: es una responsabilidad. Y una demostración de que el Estado útil no se decreta, se construye con evidencia, disciplina y ética pública.
La reingeniería del Estado no puede seguir siendo postergada. Mientras se mantienen instituciones duplicadas, clientelares o sin impacto, 1 de cada 3 niños rurales sigue sin acceso a salud o educación de calidad. El desempleo juvenil supera el 22 % y más del 40 % de los hogares más pobres no cuenta con saneamiento básico. (Fuentes: UNICEF, ONE y ENHOGAR 2023–2024).
Como escribí en mi libro Por el Bien Común: “La dignidad no nace del tamaño del presupuesto, sino del propósito que lo guía.” Hoy podemos demostrar que con poco, cuando se actúa con propósito, se puede lograr mucho. El desafío no es técnico. Es moral. Y el tiempo de las excusas ya pasó.
