Una cancha deportiva puede parecer una obra pequeña frente a las grandes inversiones que necesita un país. Sin embargo, para los niños y jóvenes de un barrio, puede representar la diferencia entre tener un lugar donde desarrollar sus talentos, compartir con sus amigos y construir sueños, o crecer sin espacios adecuados para hacerlo. Cuando una cancha permanece a oscuras, no solamente se apagan sus luces: también se limitan las oportunidades de toda una comunidad.
Durante nuestro recorrido por Villa Mella, en Santo Domingo Norte, como parte de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, escuchamos a jóvenes que nos plantearon una preocupación concreta. La cancha de su sector carecía de iluminación, lo que impedía practicar deportes durante la noche y restringía el uso de un espacio fundamental para la convivencia.
«Tenemos la cancha, pero no podemos usarla», nos dijeron.
Aquellas palabras reflejaban una realidad que he encontrado en distintos municipios de la República Dominicana: muchas veces las comunidades no necesitan comenzar desde cero. Ya cuentan con instalaciones, espacios y capacidades que podrían transformar su vida cotidiana. Lo que falta es mantenimiento, coordinación institucional y una respuesta oportuna.
En Villa Mella, el problema no era construir una nueva cancha. Era conseguir que la existente cumpliera su propósito.
Registramos la situación en el Sistema M158 y activamos las gestiones correspondientes para promover el restablecimiento de la iluminación y la reparación de las lámparas. Nuestro papel no consistía en sustituir a las instituciones responsables de estos servicios, sino en conectar la demanda ciudadana con quienes tienen la competencia para responder y dar seguimiento hasta obtener resultados.
Semanas después, la comunidad nos confirmó que las luces habían sido encendidas y que la cancha volvía a ser un espacio de encuentro.
Esa respuesta tiene un significado que trasciende la reparación de unas luminarias. Cuando los jóvenes recuperan un espacio deportivo, también recuperan posibilidades de convivencia, recreación y participación comunitaria. Una instalación que permanece cerrada en la práctica, aunque esté físicamente disponible, representa una oportunidad desaprovechada.
La Constitución dominicana reconoce en su artículo 65 el derecho al deporte, la educación física y la recreación. El artículo 56 establece una protección especial para niños, niñas y adolescentes, mientras que el artículo 38 consagra la dignidad humana como fundamento del ordenamiento constitucional.
Estas disposiciones nos recuerdan que el acceso a espacios recreativos adecuados no debe considerarse un lujo reservado a determinadas comunidades. Forma parte de las condiciones que permiten a las personas desarrollarse integralmente.
Pero esta experiencia también plantea una cuestión de mayor alcance: ¿cuántas instalaciones deportivas, culturales y comunitarias existen en nuestros municipios sin que estén siendo aprovechadas plenamente por falta de mantenimiento, iluminación, equipamiento o gestión?
El país necesita mirar con mayor atención su infraestructura comunitaria. No basta con inaugurar obras. Debemos garantizar que funcionen, que permanezcan disponibles y que respondan a las necesidades de las personas para quienes fueron construidas.
Una cancha iluminada necesita además organización comunitaria, actividades deportivas, acompañamiento de entrenadores y oportunidades para que los jóvenes desarrollen disciplina, liderazgo y sentido de pertenencia. La inversión pública alcanza su verdadero valor cuando se convierte en una oportunidad sostenida.
De acuerdo con el Sistema M158, esta acción registra un alcance directo estimado de más de 4,700 jóvenes y un impacto total superior a 18,000 ciudadanos. Más allá de estas estimaciones, su principal resultado fue recuperar la utilidad de un espacio que la comunidad necesitaba.
Recorrer los municipios del país me ha enseñado que el desarrollo no siempre comienza con grandes proyectos. En ocasiones empieza cuando una institución escucha a una comunidad, comprende su problema y contribuye a que otra institución cumpla con su responsabilidad.
Ese es el sentido de los Diálogos por el Bien Común: transformar la participación ciudadana en soluciones concretas, fortalecer la coordinación institucional y demostrar que los derechos también se defienden atendiendo los problemas de la vida cotidiana.
Villa Mella nos deja una enseñanza que debería orientar la gestión pública en todo el territorio nacional: el éxito de una obra no se mide solamente por haberla construido, sino por las oportunidades que continúa generando para la gente.
Encender las luces de una cancha puede parecer una acción sencilla. Para los jóvenes que vuelven a jugar, para las familias que recuperan un espacio de convivencia y para una comunidad que comprueba que su voz fue escuchada, significa mucho más.
Por el bien común.
